Trágico y natural

Acerca de algunas injusticias….

Esta historia se remonta al año 2005 cuando se firma un convenio, en el marco del plan federal I de construcción de viviendas, ratificado luego en paritarias entre UnTER, único sindicato provincial de docentes de Río Negro, y el IPPV, Instituto provincial de la vivienda de dicha provincia.
El objetivo de este convenio era paliar medianamente, el problema de viviendas de docentes de la provincia, para ello se asignan diferentes cantidades de unidades habitacionales en cada localidad, según las necesidades.
En la distintas localidades han sido entregadas las viviendas según este acuerdo, excepto en la localidad de el Bolsón en la que no sólo no se han entregado a los docentes las veinte viviendas convenidas, sino que se ha generado un conflicto que actualmente está en vías de resolución judicial.
El concejo deliberante de El Bolsón, unánimemente, apoya el cumplimiento del convenio, dictando varias ordenanzas tendientes a que se cumpla con lo acordado.
Contrariamente, el poder ejecutivo de la localidad, nunca estuvo de acuerdo con respetar ni este convenio ni las decisiones del Concejo Deliberante, motivo por el cual, hoy la situación se ha convertido en una batalla entre quién decide hacer lo que se le antoja con las veinte viviendas y quienes estamos por respetar convenios, ordenanzas y decisiones en un marco de institucionalidad democrática.
Un párrafo aparte merece la actuación del IPPV, ya que por un lado firma un convenio con la UnTER provincial, y por otro otorga al intendente una amplia facultad para decidir a quién entregar las viviendas, sin publicación de listado, sin posibilidad de impugnar, permitiendo que el ejecutivo junte carpetas por debajo del escritorio, asegurándose que las casas lleguen a amigos, vecinos y allegados a él o a su partido.
Los preadjudicatarios de este plan de viviendas y la comisión directiva de la seccional, luego de varios años de pasearse entre la intendencia, el Concejo Deliberante y el IPPV, con la amenaza constante del intendente que iba a mandar a ocupar las casas y otras tantas amenazas que intimaban a “dejarnos de joder con las casas”, deciden conjuntamente con toda la seccional acudir a la justicia a través de un recurso de amparo para evitar una posible usurpación.
Mientras la justicia resuelve, y estamos dentro de la medida cautelar de “no innovar” dictada en abril 2010 y ratificada en junio del mismo año por la Cámara Federal de Apelaciones en lo civil de Bariloche, las casas son entregadas con llave y todo a la gente que figura en un listado armado por el poder ejecutivo municipal, avalado por el IPPV, en el que solo figuran tres familias de docentes, las que ante la irregularidad de esta entrega devuelven las llaves. El listado confeccionado según los criterios sindicales no es, ni siquiera tenido en cuenta.
En la entrega mencionada estuvo presente, repartiendo llaves, la policía local, cómplice del intendente, resguardando a quienes estaban usurpando las viviendas que por derecho nos corresponden.
Cabe aclarar que técnicamente las viviendas no están terminadas y no cuentan con los servicios básicos de agua, luz, gas, cloacas, etc.
Según el fiscal de El Bolsón, Dr. Francisco Arrien, este hecho se constituye en: -“una usurpación flagrante-”. A partir de aquí se inician las investigaciones pertinentes y el 30/06/2010, UnTER se presenta como querellante en la causa judicial contra el intendente municipal, Oscar Romera y contra el IPPV.
Como ciudadanos de Río Negro no podemos dejar de situar este acto demagógico del poder ejecutivo local en un contexto provincial del que todos y todas somos víctimas.
La corrupción de un gobierno provincial que desde hace treinta años no genera ni una sola política para atender a las necesidades reales de la gente, léase trabajo digno, educación, salud, derechos básicos y si, militariza la provincia para reprimir y poder seguir actuando impunemente, una justicia provincial afín a los intereses del poder, que aparta a un juez de una causa por gatillo fácil, anula el fallo y deja libre a un policía asesino de pibes de quince años.
Una policía también amiga del poder y a fin con sus intereses, que protege prostíbulos, que está involucrada en la trata de personas y que asesina pibes en las calles de los barrios pobres.
Una realidad que da tristeza a muchos y muchas de los que vivimos en este paraíso.
Hoy lo mágico y natural es historia. Estamos en un presente trágico, y perverso, donde los ciudadanos y las ciudadanas de este pueblo y se podría decir de esta provincia, no gozamos del estado de derecho.

El Bolsón, 5 de julio de 2010


UnTER

Seccional El Bolsón.

LA COMISIÓN QUE RECLAMA MOLINA

Ante las insistentes declaraciones del Sr. Rubén Molina, delegado por UPCN, quien por tercera vez  en diferentes medios intenta  públicamente ensuciar mi apellido y representación docente en el ámbito del CPE, “expresando……el podría haber charlado con nosotros”, ante mi firma en la Resolución 1233/10 que deroga la Resolución 2746/02 que fuera difundida por este medio, y sin jamás haber expuesto sus fundamentos ni planteado las dudas, es mi intención expresar:

1.        Que si existen cuestiones puntuales que resolver o revisar si alguna vez hubiera intentado acercarlas o hacerlas llegar por escrito, a esta representación, no tengo dudas de que las hubiera impulsado.

2.       Que todo lo atinente a la tarea específica de los trabajadores de Personal de Servicio siempre la he respetado y consta en mis actuaciones y relaciones con dicho personal, toda vez que estuve como Director de Escuela y/o Supervisor.

3.       Jamás me inmiscuí en cuestiones internas de otras organizaciones y tampoco quiero ser parte de problemas, ni mucho menos ser usado para dirimir enfrentamientos personales.

4.       En ninguno de los años que vengo desempeñando esta representación en el CPE tuve planteamiento, presentación de propuestas o intento de hacerme llegar posiciones de la representación que ahora me critica, a pesar de que muchas cuestiones de esa organización gremial pasaron por el CPE, sin saber ni tener la información correspondiente ya que la misma siempre estaba dirigida a las autoridades de Gobierno sin preocuparse que existe la representación de trabajadores. Hay muchos ejemplos.

5.       Que si el representante gremial  de UPCN considera que existió un error y lo demuestra, particularmente, esta representación insistirá en la constitución de la comisión que sea necesaria.

Lo que tiene que quedarle claro a la representación de UPCN, en lugar de agraviar, es que esta definición puede ser un error y que se puede aclarar y para ello me pongo a disposición, ya que jamás será intención de esta vocalía docente insultar, agraviar o enfrentar a trabajadores y organización gremial, como le recuerdo que desde esa conducción hace unos años atrás se planteó prácticamente privatizar el sistema educativo a través de la implementación de bonos educativos y otras propuestas, que para nada fortalecía, y apoyaba a la educación pública en abierta posición contraria a los principios que sostiene la UnTER.

Héctor Roncallo

Vocal Gremial Docente

Consejo Provincial de Educación

En Viedma, 1° de Julio de 2010 (del Bicentenario)

"La segregación escolar es violar los DD HH"

NEUQUÉN (AN).- "Ya no podemos mirar para otro lado, mientras haya segregación en las escuelas, hay una violación de los derechos humanos".
La afirmación la hizo el abogado Luis Bulit Goñi, vicepresidente de la Federación Iberoamericana de Síndrome de Down y candidato argentino al Comité de Expertos en Discapacidad de la ONU. Es también papá de un chico con síndrome de Down. Y sigue de cerca el caso de Bianca Fabi, la niña con síndrome de Down por la cual sus padres accionaron judicialmente por discriminación contra una escuela privada de Cipolletti.
–¿Qué significa el caso de Bianca y cómo lo sigue?
El caso de Bianca Fabi es sumamente importante no sólo para Bianca y su familia sino para todas las personas con discapacidad de nuestro país, ya que lo que está en juego es si de una vez por todas dejamos de lado eufemismos y aplicamos en la práctica el concepto de "educación inclusiva" al que la Argentina ha adherido formalmente al suscribir la Declaración de Salamanca de Unesco en 1994 y la Convención sobre Discapacidad de la ONU de 2006, como parte inescindible del "modelo social" de discapacidad. Como tal, viene siendo monitoreado por una red de abogados de varios países del mundo que coordina Inclusión Internacional, una ONG mundial vinculada a la discapacidad intelectual.
–¿Hay intenciones de inclusión de personas con síndrome de Down y cuál es la conciencia social ?
El tema no es sólo la inclusión de personas con síndrome de Down sino de todo tipo de discapacidad. La inclusión educativa es un proceso, un camino, que hay que ir construyendo todos los días. Nadie pide una inclusión a tontas y locas pero tampoco se puede admitir demoras injustificadas o la inercia que nada cambia. En España, por ejemplo, más del 80% de los niños y niñas con todo tipo de discapacidad se educan en escuelas comunes, sin perjuicio de ello, hay que analizar la calidad de esa inclusión ya que se están viendo problemas en su continuidad en la escuela secundaria. Lo importante del caso español es que ya nadie discute que hay que incluir. En Portugal, por ejemplo, en menos de dos años, a raíz de un proceso que viene de 2005, se cerrarán todas las escuelas especiales segregadas, las que se están reconvirtiendo en centros de apoyo profesional a la escuela común para lograr más y mejor inclusión educativa.
–¿Hay presiones sobre las escuelas que intentan terminar con este tipo de discriminación?
El problema es conceptual. Si uno revisa la ley de Educación argentina advierte que no respeta el modelo social ya que hace depender la inclusión de la situación particular del alumno. El modelo social de la Convención, que es ley y está por encima, nos dice otra cosa: que es la escuela la que debe adaptarse, cambiar, avanzar para atender y valorar la diversidad. Además, hay también intereses que juegan en contra de la inclusión. Y no estoy haciendo juicios de valor, pero hay intereses que van desde la comodidad de las familias en no cuestionar "lo que hay" a intereses económicos muy poderosos. Si uno piensa que una escuela especial cuesta más de 4000 pesos por mes, más que cualquier universidad privada, tenemos una pista
–¿Estos actos de discriminación pueden equipararse a una violación de los derechos humanos?
Claro que son violatorios. La Convención es parte de la normativa internacional y nacional sobre derechos humanos y lo dice expresamente. Ya no podemos mirar para otro lado. Mientras haya segregación en las escuelas, hay violación de los derechos humanos. Esto es algo que ni las autoridades educativas, ni las de un colegio, ni los jueces que tienen que resolver un caso pueden olvidar.


Fuente: RN