Gatillo fácil, la modalidad más común de represión estatal

Desde la restauración de la democracia en nuestro país, en 1983, hasta el año pasado, unas 2950 personas fueron asesinadas por las fuerzas represivas del estado. Del total, 41 casos corresponden a la provincia de Río Negro y 28, a la de Neuquén.
Así lo reveló un informe del Archivo de Casos de Personas Asesinadas por las Fuerzas de Seguridad del Estado que, desde 1996, realiza la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), en todo el país, y difundido por la organización Periodismo Social.
El relevamiento incluye todas las muertes que son resultado de la aplicación de una política represiva estatal y la utilización de los recursos del Estado.
En cantidad de casos por distrito, la provincia de Buenos Aires encabeza el listado con 1342 crímenes lo que representa el 47,49% del total. Segunda está Santa Fe con 299 (10,58%) y tercera Córdoba con 247 (8,74). En el décimo lugar, se ubica Río Negro con 41 casos (1,45%) y décimo tercera lo hace Neuquén con 28 (0,99%) entre 1983 y 2009.
Sin embargo, cuando se analiza la distribución de casos en proporción a la población de cada provincia, se desdibuja "la hegemonía de Buenos Aires": "dejando de lado su colosal supremacía poblacional, cae a un tercer lugar en el cálculo por millón de habitantes (97,06), detrás de Tierra del Fuego, con 148,40 y Santa Fe, con 99,64". En nuestra región, la diferencia entre Río Negro y Neuquén se mantiene: 74,16 casos y 59,05 respectivamente.
Los datos son reveladores y rompen con el mito de que "acá esas cosas no pasan". El gatillo fácil no es una herramienta exclusiva de la policía de Buenos Aires ni tampoco de un partido político en particular, concluye. Aunque no discrimina la modalidad de la represión según los distritos, junto con la tortura, son utilizados en todo el país, sobre todo en grandes conglomerados urbanos que concentran el mayor índice de pobreza y exclusión.
La modalidad gatillo fácil es la más común de los crímenes que involucran a las fuerzas de seguridad (51%). En su mayoría, están motivados por la "pinta"de la víctima (joven y pobre) o en circunstancias en las que son sospechados de haber cometido delitos o mientras huyen luego de un delito consumado.
Le siguen los asesinatos de personas privadas de su libertad (33%) en comisarías y cárceles que, en buena medida, se corresponden con la aplicación de tormentos que terminan en muerte.
Por último, se ubican los homicidios cometidos entre miembros de las fuerzas de seguridad y los de corte "privado" originados en discusiones familiares o laborales (9%), y los asesinatos en el marco de la protesta social, en marchas, movilizaciones y cortes de ruta (2%).
Para CORREPI, los jóvenes son el blanco favorito del gatillo fácil, ya que el 49,47% de las víctimas (unas 1398 personas) tenían entre 15 y 25 años. El 18,54% tenía entre 26 y 35 y el 2,97% eran menores de 14 años.
Por otra parte, si bien en los últimos años la cantidad de casos por año se mantiene no logra disminuirse de manera significativa. En el 2004 hubo 203 casos. Dos años más tarde subió a 213 y luego bajó levemente hasta ubicarse en 175 en 2009.
En este sentido, el estudio concluye que el gatillo fácil no se detiene con una purga, ni se puede atribuir a "desbordes individuales", a falta de formación en derechos humanos".
Llama la atención la cantidad de casos protagonizados por las "nuevas estructuras" que una y otra vez han sido reformadas, purgadas, descabezadas, capacitadas y sometidas a cursos.
La creciente cantidad de pibes muertos en todo el país, considera, es muestra de que la represión cotidiana es una política de estado que puede adoptar diferentes modalidades pero que se mantiene como forma de perpetuar y profundizar un sistema que desprecia la vida y que cada vez excluye a más personas.
Sobre Bariloche.- Laura Musa, de la Fundación Sur dedicada, a la promoción y defensa de los derechos de la infancia y la juventud en Argentina y América Latina, opinó sobre la situación que vive Bariloche, luego de la muerte de tres jóvenes, dos de ellos adolescentes, que se suman a la "lista negra de la democracia".
"Hubo un delito, grosero, hubo ajusticiamiento. Existió un crimen, por parte de una policía que no tiene límites en su accionar. Acá por ejemplo no se sabe qué fiscal intervino en lo que iba a ser supuestamente una detención. Lo importante a entender es que esto es una práctica sostenida de la Policía contra los chicos pobres, marginados, jóvenes. Actúan sin límites, hasta que ocurre un estallido como este. Los únicos límites los ponen los padres de clase media con sus hijos, que no lo permiten. No en casos como el de Bariloche".

Fuente: rionegro.com.ar

Carta abierta al gobernador Miguel Saiz

"Frente a la arbitrariedad del poder policial, que terminó con la vida de tres jóvenes en la ciudad de S.C. de Bariloche, y la impunidad con que siguen en carrera el Ministro de Gobierno y el recientemente designado Secretario de Seguridad y Justicia comisario mayor Víctor Cufré, las organizaciones sociales abajo mencionadas nos dirigimos a usted para solicitarle la urgente separación de sus cargos y del control de la “seguridad provincial de los rionegrinos” de los mencionados funcionarios.

Los hechos de represión y muerte estando vigente el Estado de Derecho nos deja a todos en la más absoluta inseguridad. Su gobierno carece de un proyecto político inclusivo para nuestros jóvenes especialmente los que provienen de familias que padecen pobreza y exclusión, principales víctimas de la represión desatada.

Por otra parte no han sido investigadas por su gobierno una gran cantidad de denuncias que involucran al ex-jefe de policía y actual Secretario de Seguridad y Justicia, en particular las efectuadas por la Defensora del Pueblo de la Provincia Dra. Ana Piccinini, vinculándolo a casos de corrupción policial, red de trata de personas, abuso de poder, incumplimiento de sentencias judiciales que condenan e inhabilitan a policías para el ejercicio de la función pública, además de la utilización de la violencia sistemática, persecuciones, apremios, abusos, represión y muertes que obviamente se encuadran como violación de los Derechos Humanos. También se han denunciado presiones y amenazas sobre la Jueza que investiga la red de trata de personas en el Valle Medio, el traslado de policías que serían parte de una red que explotaba adolescentes y escuchas telefónicas relacionadas al caso Otoño Uriarte, causas que lo comprometen e involucran, todo ello agravado por la cesantía inexplicable del oficial que aportó información para dichas investigaciones

Otras denuncias en igual sentido han sido las del Centro de Derechos Humanos del Comahue, de la diputada de la Coalición Cívica por Buenos Aires Fernanda Gil Lozano (lo que prueba las repercusiones negativas que esta designación provocó fuera de la provincia), del bloque de legisladores del PJ y de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura Beatriz Contreras.

La Dra. Piccinini ha expresado que el gobernador :“Ni siquiera se toma el tiempo de ver si lo que dice la Defensora del Pueblo es cierto o de analizar las pruebas que le hemos llevado desde el año 2007 en adelante, tanto ante el Ministerio de Gobierno como ante el Auditor General de Asuntos Internos de la Policía Provincial y la Justicia Penal”.

Se suma a lo expuesto, el lugar importante que el ex represor de la última dictadura militar, Lorenzatti, ocupó en su gobierno y nos impacta su apego a estos personajes denunciados reiterada y públicamente por violación a los derechos humanos más elementales, como el derecho a la vida y a la integridad de las personas. La sola sospecha de violación de los mismos debería ser causal para mantenerlos al margen de decisiones que nos involucran a todos, en temas tan sensibles como la justicia y la seguridad.

Frente a este cuadro de situación, quienes integramos las diferentes organizaciones sociales, comprometidos con la defensa de los derechos humanos fundamentales, consideramos que Ud. no puede eludir su responsabilidad política por las consecuencias de estos hechos, ya que es el máximo representante de todos los rionegrinos.

Por esta razón, reiteramos la urgente separación del cargo en la Secretaria de Seguridad y Justicia del Comisario Mayor Cufré y de su protector, el ministro de Gobierno, así como la inmediata investigación de todas las denuncias existentes, que usted como máximo responsable político ha desconocido, posición insostenible después del asesinato de los tres jóvenes en Bariloche y de todos los otros asesinatos de jóvenes ocurridos en la Provincia y que aún continúan impunes.

Para finalizar, consideramos que los problemas de seguridad en la sociedad rionegrina no se resuelven con la política que ejecuta su gobierno. La solución no es más policías ni mayor represión. Se trata de poner en marcha políticas sociales y económicas que dignifiquen a las personas y apunten a un desarrollo integral, individual y social. Dichas políticas debieran generarse no a partir de planes focalizados y momentáneos con financiamiento externo, sino desde una genuina estrategia de redistribución de las riquezas que hoy se acumulan en forma escandalosa en lugares como Bariloche, donde la especulación y la valorización inmobiliaria son más importantes que la vida misma. El gobierno tendría que estar pensando en políticas generadoras de integración, a través de la educación, el trabajo, el acceso a la vivienda y el mejoramiento de las condiciones de vida. Son las políticas de fondo que atacan las causas estructurales de la pobreza y la exclusión las que contribuirán a transformar el presente y el futuro de los jóvenes de esta provincia y del país. Sólo de ese modo habrá seguridad para todos, como resultado natural de una sociedad más justa e igualitaria.

Los jóvenes no son peligrosos....¡Están en peligro!" (APP)



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