Para muchos padres que tienen hijos con necesidades educativas especiales que éstos ingresen a una escuela común suele representar un camino tortuoso, ya que son pocas las instituciones públicas y privadas que aceptan, sin objeciones, a los niños y niñas con discapacidad. Superada esa instancia, les tocará afrontar otros obstáculos propios de un sistema educativo que todavía tiene grandes dificultades para cumplir con el lema de la "inclusión".
Para Armando Dall'Armellina, presidente de la Asociación Patagónica Síndrome de Down (Apasido), existe una suerte de "protocolo implícito para la exclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales". Desde Apasido defienden la educación inclusiva de las personas con discapacidad, es decir incorporarlas como uno más, pero respetando su diferencia.
Lo primero que puede ocurrir, según Dall'Armellina, es que frente a la solicitud de inscripción de, por ejemplo un pequeño con Síndrome de Down, la escuela asegure que no hay vacante o anotarlo en una "lista de espera"... en la que siempre quedará relegado. También puede ser que los directivos, técnicos y docentes manifiesten que no están preparados para recibir a un chico con necesidades educativas especiales. Si por algún motivo, como presión de los padres o de alguna autoridad educativa superior, logra entrar a la escuela, suelen presentarse otros obstáculos: la mirada discriminadora y el temor o la angustia del docente que debe hacerse cargo de un curso donde hay un chico con discapacidad. Finalmente, al cabo de un año, llegará la recomendación de la institución y del ETAP (Equipo Técnico de Apoyo Pedagógico.) de que lo mejor para el niño es que deje la escuela común para ingresar a la especial.
Estos pasos suelen reiterarse cada vez que un padre decide apostar por la educación inclusiva y mandar a su niño con discapacidad a una escuela común.
Se trata de una historia repetida. La misma que les tocó pasar a Viviana Romera y José María Fabi, papás de Bianca, quienes hoy llevan adelante un juicio contra la provincia de Río Negro para que le retire el subsidio a la escuela mutual Estación Limay (pública de gestión privada) por acusarla de discriminar a su hija y no cumplir la función social que establece la ley para recibir apoyo económico (ver aparte).
La familia Fabi tuvo que pasar por el "protocolo" para que Bianca ingrese al nivel inicial en la escuela a la que ya asistían sus cuatro hermanos mayores. "Era una disgregación familiar. ¿Cómo y por qué íbamos a explicarle a nuestra hija que no podía ir a la misma escuela que sus hermanos?" se interroga José María.
La representante legal de Estación Limay, Andrea Fadelli, manifestó que desde la escuela prefieren no hacer declaraciones respecto del caso "porque estamos tratando con menores de edad y hay que protegerlos", pero sí dejar sentado que "la quita del subsidio a la institución, con la que pagan los salarios, generaría graves perjuicios a toda la comunidad educativa que está compuesta por 784 alumnos, 545 socios y alrededor de 100 trabajadores".
Para los Fabi, fue una ardua pelea desde el principio, ya que las autoridades de la escuela habían asegurado que no contaban con la infraestructura humana ni edilicia para contener de manera adecuada a la niña. Finalmente pudo ingresar en 2005 luego de una asamblea de asociados a la mutual en la que desde el Consejo de Educación aseguraron que la escuela podía perder el subsidio si no incluía a Bianca.
Otros problemas surgieron posteriormente. Aseguran que desde el ingreso de Bianca no cesaron las situaciones discriminatorias, el desinterés y la exclusión por parte de la institución hacia la niña y, en consecuencia, a la de sus hermanos que asistían al mismo colegio y la de toda la familia. "Le negaron la maestra integradora de la escuela durante los tres años que estuvo, sólo tenía el apoyo de una maestra de la escuela especial una hora dos veces por semana. Estación Limay dejó asentado en el memorial anual que la aceptaban porque los había obligado el CPE. Tampoco asistieron a una capacitación que organizamos los padres con una multiplicadora de la Unesco", recuerda Fabi.
Pero la gota que colmó el vaso fue que no la ayudaran a escribir su nombre en el "Noticinco", un boletín donde cada niño que egresaba de jardín ponía su nombre: en el lugar de Bianca apareció una raya borrosa como un error de impresión. Para José y Viviana "negarle el nombre es negarle la existencia y esto constituye un serio agravio a los derechos humanos de Bianca". Luego de esto, la familia Fabi decidió sacar a sus cinco hijos de la institución.
Con esta acción judicial los papás de Bianca no buscan un resarcimiento económico por daño moral. "Hoy hay una política de exclusión para las personas con necesidades educativas especiales. Queremos que este juicio sirva de ejemplo para que ninguna escuela vuelva a discriminar a un niño con discapacidad".
Para Estación Limay, el pedido de los Fabi ante la justicia deviene en una suerte de "ensañamiento" con la institución ya que no tiene como finalidad resarcir un perjuicio ocasionado, sino que tendría como objetivo "castigar a la comunidad educativa".
Fuente: Río Negro
